Al calor del proceso de transición a la televisión digital terrestre (TDT), conocido popularmente como «apagón analógico», y de la consiguiente necesidad por parte de los hogares españoles de dotarse con receptores capaces de descodificar la señal de la TDT, se está produciendo un preocupante efecto de inundación del mercado con dispositivos que eluden el pago de royalties por el uso de la tecnología que incorporan.

Según apunta en un comunicado la firma gallega Televes, muchos de estos dispositivos, fabricados fuera de la Unión Europea y comercializados bajo diferentes marcas, violan las leyes de protección de la propiedad intelectual e industrial, ya que no pagan derechos por el empleo de los algoritmos de procesamiento de las señales y el software propietario desarrollado con tal fin. El impago de estos derechos no sólo afecta al importador o fabricante, en quienes recae la responsabilidad, sino también al distribuidor y al usuario final.

Con el fin de abaratar costes a costa del impago de derechos, los fabricantes, importadores y distribuidores se arriesgan a sufrir las lógicas sanciones económicas.

Pueden, asimismo, sufrir un repentino corte del suministro de equipos, lo que tendría consecuencias negativas para sus clientes, distribuidores e instaladores y, obviamente, para el consumidor final, es decir, para los usuarios de la TDT.

Estándar pero con derechos

La digitalización de servicios de audio y vídeo supone la utilización de algoritmos que procesan las señales. Para la compresión de la información, transmisión y almacenamiento se utilizan rutinas de software identificadas por unas siglas que, por su amplia divulgación, ya forman parte del lenguaje cotidiano: MPEG, DVD, DVB-T, MP3, HDMI, DIVX, etcétera. En particular, la recepción de la señal de la televisión digital terrestre implica la utilización de la tecnología DVB-T.

El empleo de estos estándares tecnológicos conlleva la utilización de software propietario. Todo fabricante o importador que lo implemente en sus productos está obligado a establecer un contrato de licencia de uso, que establece un acuerdo bilateral a utilizar el royalty. «El cumplimiento de la legislación implica un coste que ha de ser repercutido en el precio final del producto, por lo que aquellos que incumplen estas normas están obteniendo una ventaja desleal sobre los que sí cumplen», aseguran desde Televés.

ABC