Coinciden en sus calificativos, aunque desde los partidos rivales. El PSOE (en la oposición en la Comunidad Valenciana) considera que la situación en Canal 9 es "catastrófica". El PP (en la oposición en Andalucía) tacha de "auténtico escándalo" las "irregularidades e incumplimientos sistemáticos" detectados en Canal Sur por la Cámara de Cuentas.

El PSOE valenciano pide la cabeza del director general de Canal 9, Pedro García, por haber "hundido" la cadena en una deuda que ascenderá a 1.220 millones de euros a final de año.

Según un informe del partido socialista, RTVV tiene contratados créditos por valor de 885 millones de euros con 11 entidades bancarias para poder hacer frente a los pagos pendientes, de los que sólo se han cubierto los intereses.

La consejera socialista en Canal 9 Dolors López apunta que para financiar esta compañía pública se necesita este curso un préstamo de 166 millones de euros, 27 más de los previstos en los presupuestos. "Mientras Camps (el presidente valenciano) a duras penas destina 30 millones de euros a I+D+I, no tiene reparos en aportar casi la misma cifra a tapar el despilfarro de la televisión pública".

Según un informe de gestión del ejercicio de 2007 realizado por Ernest&Young, las pérdidas de RTVV ascendieron el año pasado a 206 millones de euros.

En Andalucía se repite el patrón y el discurso, aunque quienes lo defienden militen en el partido contrario.

El presidente del PP Andaluz, Javier Arenas, pide que se celebre un consejo extraordinario de Canal Sur para pedir responsabilidades tras las "irregularidades" que ha detectado la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización del año 2006.

"Se pone de manifiesto que se incumple con reiteración la ley de contratos y se plantean pérdidas de 112 millones de euros y unas deudas de 52 millones", dice Arenas.

Sobre lo que no se pronuncian los partidos es sobre la reciente adquisición de la FORTA, que agrupa a las televisiones autonómicas: los derechos de la Liga de Campeones a partir de la temporada 2009, una operación -por la que fuentes conocedoras de la negociación consideran que ha pagado cerca de 35 millones de euros- que las televisiones comerciales tachan de "competencia desleal", por aprovechar su "ilimitada capacidad para ofrecer, con dinero público, cifras astronómicas que no pueden igualar" las privadas.


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