La Audiencia Nacional ha decidido revocar el procesamiento de los tres militares estadounidenses acusados de la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Irak en 2003 al estimar que no hay indicios "suficientes" para continuar con la investigación.
La decisión se ha adoptado en la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal, presidida por Fernando García Nicolás, y en ella han participado tres magistrados: uno ha emitido un voto particular a favor del procesamiento y dos, en contra. Su postura final respalda la tesis de la Fiscalía, que había pedido en abril pasado el archivo de la causa.
La propuesta de la Fiscalía contradecía la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar por asesinato a los tres militares, adoptada hace más de un año, el 27 de abril de 2007.
El Ministerio Público sostiene que la actitud de los acusados, el sargento Thomas Gibson y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford, no fue indiscriminada y que no existió intencionalidad en su conducta.
La familia del cámara ha acusado en reiteradas ocasiones a la Fiscalía de ignorar la sentencia del Tribunal Supremo, que ordenó investigar la muerte del cámara y estableció la competencia de la Justicia española para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España.
Con la decisión de hoy, es la segunda vez que la Audiencia Nacional rechaza la decisión del juez Pedraz de investigar a los tres militares. En la primera ocasión, decretó el archivo de la causa el 10 de marzo de 2006 porque el tribunal consideró que los hechos no fueron constitutivos de delito y que los soldados llevaron a cabo "un acto de guerra" con fatales consecuencias.
En el auto de procesamiento, el juez Pedraz señaló que esta acción podía ser constitutiva de un delito de asesinato con alevosía y otro contra la comunidad internacional, que puede ser castigado con una pena de prisión de entre 10 y 15 años.
Por su parte, la Fiscalía solicitó que quedaran sin efecto las tres órdenes de busca y captura y detención internacional que el juez dictó contra ellos, así como la fianza de un millón de euros que fijó en el auto de procesamiento para cuando los tres militares pasaran a disposición de esta causa.
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