La eficiencia del Gobierno de Cantabria ha sido puesta en duda por el Tribunal Superior de Justicia de la región al retomar un caso sobre la renovación de licencias de Radio en 2003.

Según la Justicia, las licencias de emisoras locales de COPE, Onda Cero o Antena 3 Radio, fueron renovadas sin realizar ninguna comprobación sobre sus condiciones legales.

El caso se ha destapado cuando el Tribunal ha estimado un recurso interpuesto por dos implicados, cuyas licencias no fueron concedidas cinco años antes y que participaron en el concurso convocado para ello, pero que fue desierto en el año 2003. Dichas personas observaron irregularidades en el comportamiento del Ejecutivo regional al aprobar algunas licencias por un periodo de diez años sin proceder a realizar ninguna comprobación de que cumpliesen con lo exigido por la ley.

La duda surge: ¿Cuántas veces más habrá sucedido lo mismo? ¿Qué motivos tenía el Gobierno que preside Revilla para no realizar comprobaciones en los expedientes de las cadenas? Así, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado la resolución. El TSCJ ha considerado que se tomó esta medida sin comprobar que las 13 cadenas cumplían lo exigido.

Para intentar subsanar su ‘desliz', el Ejecutivo cántabro ha sugerido la apertura de un proceso sancionador para las emisoras. ¿Sancionar a unas emisoras por un error de la Administración? Las trece emisoras que pidieron al Gobierno que se les renovara su concesión, fueron Radio Popular-Cadena Cope en Camargo, Reinosa y Santander; Uniprex (Onda Cero) en Castro Urdiales, Reinosa, Santander y Santoña-Laredo; y la Asociación de la Prensa de Cantabria, en Santander. Emisoras de Propulsora Montañesa (empresa asociada a Cadena SER) en Santander; Antena 3 Radio en Santander; Radio Blanca en Santander, la SER en Torrelavega y Radio Alfa en la misma ciudad.

Uno de los aspectos más graves es que la resolución judicial señala: ‘la inactividad administrativa' que se ha producido en este caso y que, según indica, se puede comprobar en la documentación aportada por el Gobierno de Cantabria. Del mismo modo, el texto y fechas de los documentos de cada una de las trece concesiones afectadas sean idénticos; sin que consten información ni datos sobre el grado de cumplimiento de éstas, que es ‘la cuestión verdaderamente relevante', concluye la magistrada, María Teresa Marijuán.

La magistrada explica además, que en la resolución ‘se aprecia con meridiana claridad que no se ha realizado ni incoado expediente alguno', ni común ni individualizado, a ninguna de las concesionarias a las que se renueva la licencia.


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