El PSOE, como ya hiciera en 2004, propone en el borrador de su programa electoral para a las elecciones generales de marzo la creación de un Consejo Superior de Medios Audiovisuales y Multimedia, para «controlar y sancionar» las actividades de los operadores públicos y privados del sector en el marco de la normativa audiovisual, informó EP.

Esta autoridad audiovisual se constituiría como organismo público independiente del Gobierno y sus miembros serían elegidos por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados entre personal de reconocido prestigio en el sector audiovisual, tecnológico, cultural, universitario, educativo y asociativo.

Intimidad y derecho al honor
De esta manera, pretende «velar por una mayor pluralidad y por los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, especialmente en los jóvenes, menores de edad, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y de la violencia de género».

Por otra parte, el PSOE asegura que buscará un acuerdo con los profesionales de la información, sindicatos y empresas para aprobar una ley sobre el Estatuto del Periodista, una iniciativa cuya tramitación ha quedado «congelada» en esta legislatura. Los socialistas aseguran que elaborarán un anteproyecto de ley orgánica que contemplará la definición del profesional de la información, su acreditación, el secreto profesional (modificando la legislación vigente), el derecho a la cláusula de conciencia, los derechos de autor, el acceso a las vistas judiciales o la participación en las empresas de comunicación.

En cuanto a la televisión digital y el apagón analógico en abril de 2010, informa de que crearía un plan que garantice el acceso progresivo de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad a la oferta multimedia. Este plan debería realizarse en colaboración con todos los agentes públicos y privados implicados y tendrá como objetivos prioritarios el acceso universal y el desarrollo de la industria digital y multimedia en el ámbito de la comunicación.

Ley Multimedia
Por otra parte, se compromete a aprobar, con el máximo consenso posible tanto con la industria como en el Parlamento, una Ley General Audiovisual y Multimedia en un sector que en los próximos años se enfrenta a retos como los cambios tecnológicos, el crecimiento y penetración de la oferta «on line», el apagón analógico o el aumento de operadores, canales y contenidos. En un apartado destinado a la Red, asegura que emprendería políticas públicas de alfabetización digital que «promuevan el conocimiento de las tecnologías y de los programas informáticos».


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