La ley obliga a un millar de emisoras a emitir sólo en digital desde el 1 de enero, pero algunas comunidades ni siquiera han convocado los concursos

El Gobierno ha querido que las televisiones locales sean las que den el primer paso hacia el apagón analógico. Un millar de canales de baja potencia deberían haber abandonado el sistema tradicional de emisión para abrazar la tecnología digital el pasado 1 de enero. Pero el calendario de transición diseñado por el Ministerio de Industria no se está cumpliendo.

El Plan de impulso de la televisión digital terrestre, de liberación de la televisión por cable y de fomento del pluralismo aprobado en diciembre de 2004 por el Consejo de Ministros sitúa en abril de 2010 la fecha del apagón analógico para todas las televisiones. Sin embargo, el tope para las locales se estableció dos años antes.

Este modelo es considerado "discriminatorio" por Francisco Pérez, presidente del G-9, entidad que agrupa a alrededor de 200 emisoras locales públicas, privadas y comunitarias. "El plan técnico debería afectar a todos los servicios audiovisuales por igual. Pero son las televisiones locales, el elemento más débil, el que está abocado a tirar del carro de la televisión digital terrestre". Argumenta que estas estaciones han sido las últimas en desarrollarse y las que tienen más dificultades económicas para sobrevivir. Plantear que las locales sean la locomotora de la TDT es, en su opinión, "un argumento ridículo".

En la misma línea se pronuncia José Mari Iturrioz, gerente de TeleDonosti -canal integrado en Punto TV, la red de emisora del Grupo Vocento- que opera en Guipúzcoa. "Suena raro que el apagón analógico tenga que darse en las locales antes que en las nacionales". Con cierta resignación añade: "Ha sido una forma de reglamentar el sector audiovisual".

A la hora de establecer quién debe vigilar el cumplimiento del real decreto que fijaba el cambio tecnológico en las locales, el Ministerio de Industria no tiene dudas: "la competencia prevalente" es de las comunidades autónomas. Un portavoz de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones recuerda a ellas les corresponde otorgar los títulos habilitantes. Pero la falta de coordinación entre las distintas administraciones está obstruyendo la regulación del sector. Pérez mantiene que el departamento de dirige Joan Clos debería haberse reunido con las autonomías para plantear una "estrategia común". En este tira y afloja, las comunidades dicen que tienen competencias de sanción pero no de cierre. El presidente del G-9 sólo tiene constancia de la circular enviada por la Generalitat de Cataluña a las locales sobre el nuevo sistema.

TeleDonosti, que sigue emitiendo en analógico, se acoge a los plazos marcados por el Gobierno vasco en la orden de concesiones. Como otras emisoras del País Vasco, este canal está "en trámite" con el Ejecutivo regional para decidir cómo se gestionarán los canales múltiples. Y es que los canales locales ya no son autónomos a la hora de planificar sus emisiones. Cada múltiple alberga cuatro canales, gestionados a menudo por empresas distintas. Eso obliga, como explica Iturrioz, a "ponernos de acuerdo todos los adjudicatarios del múltiple".

Al igual que ocurre con las cadenas de cobertura autonómica, las locales son adjudicadas por las comunidades. Todas tenían que haber resuelto ya los concursos, sin embargo, hay algunas que ni siquiera los han convocado. Pérez cita en el primer caso a Castilla y León y Castilla-La Mancha, y a Extremadura y Andalucía, en el segundo.

En la Comunidad de Madrid el proceso de concesión ha sido recurrido. El Gobierno de Esperanza Aguirre otorgó 30 licencias a la iniciativa privada en una resolución de agosto de 2005, que premió a Iglesia católica (que recibió frecuencias en cinco demarcaciones) y a grupos de comunicación afines al PP (la Cope, El Mundo e Intereconomía, entre otros).

elpais.com