El presidente del PP, Mariano Rajoy, respaldó ayer el expediente sancionador abierto por la Generalitat Valenciana contra Acció Cultural del País Valencià (ACPV), propietaria de los repetidores de TV-3, por el que se insta a la suspensión de las emisiones al no tener licencia bajo amenaza de cierre definitivo.

Rajoy afirmó en un acto en Elche (Alicante) que TV-3 "está emitiendo ilegalmente en la Comunidad Valenciana" y, "como responsable político, estoy a favor de que se cumpla la ley y por tanto de que no se emita ilegalmente". TV-3 se ve en la Comunidad Valenciana desde hace casi 21 años.

Su emisión en analógico se efectuaba por un canal que fue adjudicado a La Sexta, y en digital, por otros dos que no están asignados a la Comunidad Valenciana por el Gobierno central, responsable del reparto. La Generalitat Valenciana, sin embargo, tras adjudicar las frecuencias de su ámbito competencial, inició el pasado enero un expediente sancionador que incluye la suspensión de las emisiones.

La oposición, los departamentos de filología valenciana y catalana de las universidades valencianas, instituciones, sindicatos y asociaciones sociales han expresado su crítica a una decisión que entienden lesiona "la libertad de expresión y el pluralismo informativo". El cierre está pendiente de una decisión judicial. Un acuerdo de reciprocidad entre TV-3 y Canal 9 no le sirve al Gobierno valenciano.

El Ministerio de Industria aseguró ayer que "legalmente" no puede hacer nada contra la suspensión de la señal. Fuentes ministeriales explicaron a Efe que "en la televisión local, las comunidades autónomas tienen la competencia de la concesión de la prestación del servicio, mientras que el ministerio se responsabiliza del reparto de la frecuencia radioeléctrica". Las mismas fuentes añadieron que en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional ha establecido la jurisprudencia de que la potestad sancionadora de las autonomías prevalece respecto a la del Estado.

El Constitucional tiene que pronunciarse sobre la ley catalana audiovisual, que tiene varios artículos suspendidos por arrogarse competencias que podrían no serle propias. El contenido de esos artículos está también en la ley valenciana aprobada el pasado año y que está en trámites previos al estudio de la inconstitucionalidad de esos preceptos. El sentido de la respuesta a esa situación podría variar la capacidad de intervención del Estado.

También ayer, una treintena de activistas por la lengua catalana se manifestó frente al Parlament de Cataluña para pedir que interceda ante Industria para que impida el cierre de los repetidores en territorio valenciano.

elpais.com