Las emisiones convencionales en sistema analógico tienen los días contados, abril de 2010. Al menos sobre el papel. Así está contemplado en la normativa audiovisual aprobada por el Gobierno socialista a principios de la presente legislatura. Sin embargo, a medida que se aproxima la fecha «mágica» para la mayoría de edad de la cosa digital se multiplican los escépticos. Ayer, le tocó el turno a Alejandro Echevarría, presidente de Telecinco y responsable de turno de Uteca, asociación que agrupa a las cadenas privadas de España, quien dio la voz de alarma: «El apagón analógico no va a ser posible en 2010». Y fue más allá: «El Gobierno no tiene un plan serio para la digitalización».
Echevarría puso sobre la mesa datos que dejan en evidencia el discurso optimista del Gobierno a propósito de la TV Digital Terrestre (TDT). Actualmente sólo cuentan con descodificador de TDT el 14 por ciento de los hogares españoles. O lo que es lo mismo, de los quince millones de núcleos familiares censados en nuestro país, 12,5 millones continúan al margen de esta tecnología audiovisual sustitutiva.
Pérdidas de 150 millones
El presidente de Uteca salvó la cara de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de quien dijo que «siempre cumple su palabra», pero fue contundente al asegurar que «el Gobierno no ha hecho nada de nada para garantizar la transición a lo digital».
«No se puede cargar toda la responsabilidad al sector audiovisual», añadió Echevarría, y recalcó el contrasentido que supone que pese a las pobres cifras de implantación de la TDT en España, la cobertura de los operadores roce ya el 80 por ciento del territorio nacional. Y como resultado, las emisoras han de sufragar 150 millones de euros anuales de pérdidas para lanzar a las ondas unos contenidos que luego muy pocos pueden recibir.
¿La solución? El directivo reclamó a la Administración un Plan Renove enfocado en dos direcciones. De una parte, destinado a financiar los costes derivados de adaptar el parque de antenas receptoras. De otra, que venga dotado con una partida económica suficiente para subvencionar la compra de descodificadores, cuyo precio unitario oscila hoy día entre los 40 y 60 euros.
La segunda petición al Gobierno fue un asunto tan recurrente como ignorado: la reducción de publicidad en la televisión pública, nacional y autonómica. Echevarría subrayó que estas emisoras deberían tener un techo de captación publicitaria de nueve minutos por hora natural, frente a los doce que permite la legislación vigente. «Es una absoluta necesidad -señaló-; si no hay una reducción del volumen de anuncios en estas cadenas el sector no podrá resistir».
En el último año, el número de cadenas analógicas se ha duplicado, con el nacimiento de La Sexta y Cuatro, y las digitales se han multiplicado por seis. El presidente de Telecinco cifró en unos 1.500 millones de euros la cantidad de ingresos extraordinarios que precisaría el sector para mantenerse a flote, un 50% más de lo que mueve ahora en su totalidad.
Con respecto al futuro de RTVE, se mostró esperanzado de que el contrato programa de la nueva Corporación (documento que fijará los ingresos y gastos de la compañía), que estará listo en el primer trimestre de 2007, ya recoja limitaciones progresivas de publicidad en la compañía estatal.
Por último, Echevarría valoró positivamente el trámite de la nueva Directiva europea de TV Sin Fronteras, que legalizará nuevas formas de publicidad como el emplazamiento de productos y amplía los márgenes para incluir anuncios. «Por fin una Directiva va a introducir criterios liberalizadores en el sector audiovisual, al tiempo que se defienden los derechos de los consumidores», añadió.
ABC