Las presiones conforme se acerca el referendo en RTVE (próximo jueves) para votar el acuerdo alcanzado por la SEPI y los sindicatos sobre el proceso de regulación de empleo se acrecientan.

Un informe jurídico elaborado por una despacho de abogados catalán a petición de la ‘Asociación de afectados por el Plan de Saneamiento de RTVE 2006’, que reúne a unos 600 trabajadores del ente, asegura que el ERE por el que se pondrá en la calle a 4.160 empleados mayores de 52 años “no puede ser considerado como legal”.

Según el comunicado hecho público por la asociación, “la prejubilación forzosa (...) atenta contra la prohibición constitucional y legalmente contempladas de discriminación por razón de edad”. La organización crítica a los sindicatos por alcanzar un acuerdo sin tener en cuenta estas particularidades y considera que en virtud del último ERE acaecido en 1997 “la prejubilación debe ser una medida voluntaria y no forzosa”.

Una propuesta contenida además en el Informe para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad Estatal (febrero de 2005), el llamado ‘comité de sabios’, según señala la asociación. Por este motivo, “no es posible apoyar un acuerdo” ilegal, resume.


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