Asociaciones de consumidores y usuarios como la Ceaccu o la AUC salieron ayer al paso de los planes del Gobierno para modificar la Ley de Contraprogramación y permitir que las cadenas de ámbito nacional faciliten su programación con un adelanto de siete días en lugar de once, tal y como informó ayer ABC.

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceccu) hizo público un comunicado en el que asegura haberse dirigido al secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Francisco Ros), «para manifestarle su rechazo ante los planes de modificar la actual normativa que prohíbe la contraprogramación televisiva».

Para argumentar las críticas, la asociación expone un estudio realizado sobre este asunto según el cual el 99 por ciento de los usuarios «consideran útil o necesario conocer con anticipación qué va a emitir las cadenas de televisión para planificarse». Un 95 por ciento dice estar en contra de que las TV puedan cambiar o anular la programación anunciada y un 90,3 manifiesta «sentirse defraudado» si hay un programa anunciado para una hora y lo cambian de franja, aunque sea en el mismo día, recoge el informe. El 87 de los consultados reconoce que las nuevas tecnologías dificultan aún más la elección, pues, al aumentar la oferta, «será más necesario consultar la programación en periódicos o revistas», añade.

«Espectadores planificadores»
Por su parte, la AUC señala que «los estudios de predicción de audiencia ponen de relieve segmentos significativos de espectadores planificadores», que necesitan cadencias más amplias que las propuestas por las cadenas privadas, como «unas horas antes o un día antes».

«Si pensamos en los países de nuestro entorno, aunque existe una gran variedad de situaciones que van desde la obligación legal de anticipación anticipada a los acuerdos con las publicaciones o al hábito consuetudinario, los plazos de información previa oscilan entre las seis semanas y los siete días», precisa la AUC. De cumplirse las previsiones del Ejecutivo, la futura legislación se acogería al plazo mínimo de cuantos existen.

ABC