Pretesa, empresa participada por el Grupo Prisa que explota la marca de televisión Localia, ha interpuesto un recurso de amparo judicial en demanda de medidas cautelares que eviten el fin de emisiones por imperativo legal de las emisoras de Localia en la Comunidad de Madrid, previsto para el próximo 5 de febrero. Por aplicación del artículo cuarto de la disposición transitoria primera de la Ley estatal para el impulso de la TDT, toda emisora de televisión local analógica que no haya logrado concesiones autonómicas de TDT local dispone de un plazo de seis meses para finalizar emisiones.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre resolvió el concurso el pasado 5 de agosto, sin que Localia obtuviera concesión alguna, por lo que el plazo finaliza este próximo domingo. Según subrayó el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, los criterios que primaron para conceder las nuevas licencias fueron «la calidad y la pluralidad de contenidos». Además, González insistió en que la prioridad era «ordenar la radiodifusión y regular el sector para evitar que sigan operando las cadenas que carecen de la preceptiva concesión administrativa».

Localia cuenta con diez emisoras repartidas por la Comunidad de Madrid: una que emite desde el propio centro de la capital, y otras en Móstoles, Leganés, Parla, San Sebastián de los Reyes y Fuenlabrada, entre otras. Fuentes del Grupo Prisa informaron ayer por la tarde a Europa Press que la resolución del concurso madrileño fue recurrida en su día, pero dicha medida no paralizaba los términos de aplicación legal en lo referido al final de emisiones. Sin embargo, ha sido presentado un nuevo recurso, en este caso de amparo, en petición de «medidas cautelares que paralicen» efectivamente la ejecución de la normativa.

El motivo esgrimido es que la Comunidad de Madrid no remitió en su día los informes que avalaban el fallo del concurso. A la vista de que la Comunidad no ha enviado dichos informes hasta la fecha, se solicitan en vía de amparo medidas cautelares antes del próximo domingo que paralicen el resultado del concurso, en defensa de lo que Prisa considera «el ejercicio del derecho a la información».


La Razón