La ley audiovisual de Cataluña, que se aprobará esta semana en el pleno del Parlament que comienza el 20 de diciembre, asegura, en el caso de la televisión pública catalana, que las películas de menos de 90 minutos se podrán ver sin anuncios y que sólo en las que duren más podrá haber una pausa publicitaria

Esta restricción aparece en el artículo 96 de la ley, dedicado a las limitaciones a la presencia de contenidos publicitarios en el servicio público audiovisual de Cataluña.

El artículo dice que 'el tiempo dedicado a la emisión de contenidos publicitarios, en el marco de la prestación del servicio público audiovisual de Cataluña, no puede exceder el 10% del total diario de emisión'.

Asimismo, precisa que 'en cada una de las horas naturales del día, el tiempo de emisión dedicado a la publicidad, en todas sus formas, no puede sobrepasar los 12 minutos'.

Y en su tercer apartado señala que 'la emisión de obras cinematográficas de duración superior a los noventa minutos sólo puede ser objeto de una sola interrupción publicitaria, y las de duración inferior no se pueden interrumpir'.

Por otra parte, en el caso de la televisión privada, la ley dice que 'el tiempo de emisión para anuncios publicitarios no puede ser superior al 15% del tiempo total diario de emisión', aunque precisa que 'el tiempo total dedicado a la emisión de publicidad en todas sus formas y a la televenta no puede ser superior al 20% del tiempo diario de emisión'.

Asimismo, también en el caso de la televisión privada, la ley incluso precisa que 'durante cada una de las horas naturales en las que se divide el día, el tiempo de emisión dedicado a la publicidad en todas sus formas no puede ser superior a 17 minutos'.

La ley audiovisual de Cataluña afectará a los medios de comunicación audiovisual de la Generalitat y de los entes locales, a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a los que el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) les concedió una licencia y a los operadores que se dirijan al público catalán, entre otros.

Por otra parte, la ley también plantea que cualquier cambio en la estructura accionarial o empresarial de los medios de comunicación audiovisual requerirá la autorización del CAC.

'Cualquier proyecto de modificación de la estructura accionarial o empresarial de los operadores de medios de comunicación audiovisual requiere la autorización previa del CAC', dice la ley que se aprobará esta semana.

Asimismo, el artículo 37.4 de la nueva ley asegura que 'durante los tres primeros años el titular no puede hacer modificaciones en la composición accionarial que comporten un cambio sustancial en el control de la entidad correspondiente'.

En esta línea, la ley asegura que, en casos de modificación de la estructura accionarial o empresarial de los operadores, 'el CAC ha de resolver la operación de concentración o de transmisión en un plazo máximo de tres meses'.

Por otra parte, la ley prevé sanciones de hasta 300.000 euros y suspensiones de la actividad de un operador en caso de infracciones muy graves, al tiempo que establece que 'la información difundida por los medios audiovisuales ha de ser veraz'.

El texto establece como infracciones muy graves, entre otras, 'incumplir los deberes impuestos por la ley en relación con la protección de la infancia y la juventud', la difusión de 'publicidad subliminal' o bien el 'incumplimiento de los principios básicos de la regulación de los contenidos audiovisuales'.

Según la ley, que amplía las funciones del CAC, las sanciones muy graves comportarán 'una multa desde 90.001 hasta 300.000 euros y la suspensión de la actividad por un plazo máximo de tres meses'.

Asimismo, la ley sostiene que 'la información difundida por los medios de comunicación audiovisual ha de ser veraz', entendiendo por ello 'la que se fundamenta en hechos que pueden someterse a una comprobación diligente, profesional y fidedigna'.


El Pais