El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó hoy la busca y captura y detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses imputados por la muerte el 8 de abril de 2003, en el hotel Palestina de Bagdad (Irak), del cámara de Tele 5 José Couso.

En un auto notificado hoy, el magistrado afirma que ésta es "la única medida efectiva para asegurar la presencia de los imputados en el proceso a disposición de la autoridad judicial española, a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos".

En este sentido, Pedraz recuerda que ha cursado dos peticiones de auxilio judicial a los Estados Unidos, una el 21 de abril de 2004 solicitando documentación y la otra el pasado 6 de junio pidiendo que se tomara declaración a los militares imputados "o bien que se autorizara el desplazamiento de una comisión judicial española hasta territorio estadounidense para la ejecución de esas declaraciones".

"Hasta la fecha no se ha recibido respuesta por la autoridad requerida sobre el cumplimiento de ambas solicitudes de auxilio", señala la resolución.

Los reclamados son el sargento Thomas Gibson, de la Compañía A del Regimiento de Blindados número 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del Ejército norteamericano; el capitán Philip Wolford, que estaba al mando de la unidad de blindados de la Compañía A; y el teniente coronel Philip de Camp, responsable del Regimiento.

Gibson fue la persona que el 8 de abril de 2003 disparó desde el carro de combate Abrahms M-1 que tripulaba, después de advertir que alguien les observaba con prismáticos desde el hotel Palestina de Bagdad, en el que se alojaban la mayoría de los periodistas extranjeros que cubrían la información sobre la invasión norteamericana de Irak.

En unas declaraciones emitidas por Tele 5 un mes después del ataque, en el que también resultó muerto el periodista de la agencia Reuters Taras Protsyuk, el propio Gibson dijo: "no disparé inmediatamente sobre él. Llamé a mis jefes y les dije lo que había visto. Diez minutos después me llamaron y me dijeron que disparara sobre él y eso hice".

Su inmediato superior, el capitán Wolford, fue quien autorizó el disparo después de que el artillero le dijera que había visto a alguien con prismáticos en el hotel, según manifestó este oficial en una entrevista a "Le Nouvel Observateur".

Por último, la persona que ordenó disparar contra el hotel Palestina, fue el teniente coronel De Camp, según reconoció él mismo en una entrevista publicada en "Los Angeles Times" el día 11 de abril.

"El coronel que ordenó a sus tanques abrir fuego contra el Hotel Palestina matando a dos periodistas se responsabilizó el jueves de las muertes, pero dijo que no tuvo elección porque sus unidades estaban siendo atacadas por iraquíes", afirmaba el periódico, que incluía la siguiente cita textual de De Camp: "lamento decirlo, pero soy el tipo que mató a los periodistas".

El juez les imputó el pasado mes de junio un delito contra la comunidad internacional tipificado en el artículo 611.1 del Código Penal, que comete quien "con ocasión de un conflicto armado realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos de amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizarla".

La querella por la muerte de Couso fue admitida a trámite el 17 de octubre de 2003, pese a la oposición de la Fiscalía, por el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco.

En el auto notificado hoy, Pedraz afirma que desde varios días antes de la invasión de Irak, que se produjo el 20 de marzo de 2003, "la mayor parte de la prensa internacional se encontraba alojada en el hotel Palestina de Bagdad, adonde se había trasladado desde el hotel Rashid por indicación del Pentágono estadounidense".

Añade que el hotel Palestina, "uno de los edificios más altos de la ciudad", se ubicaba en la zona oriental del río Tigris, donde "se encontraba la mayor parte de la áreas residenciales de Bagdad y donde vivía la mayoría de la población civil".

La abogada de la familia Couso, Pilar Hermoso, se felicitó hoy por la decisión del magistrado, que calificó de "histórica", aunque recordó que los Estados Unidos no extraditan a sus nacionales, por lo que los tres militares reclamados no podrán ser detenidos mientras no abandonen su país.

Hermoso también expresó sus dudas sobre si la detención podría llevarse a efecto en el caso de que Gibson, Wolford y De Camp cruzaran la frontera no como ciudadanos individuales sino formando parte de un contingente militar destinado a un país extranjero.


Levante-EMV