El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha logrado imponer su criterio sobre el futuro modelo de Radiotelevisión Española. Su argumento es claro: de nada sirve destinar más recursos del Estado a una compañía que carece de un plan de negocio riguroso y en la que no se ha atajado el déficit crónico.

No hay inconveniente en asumir la billonaria deuda acumulada de RTVE, siempre y cuando se lleve a cabo de manera progresiva -en un horizonte de no menos de cuatro años- aliviando así al Ente público de su pesada carga de gastos financieros si se alcanza un compromiso real para aquilatar los costes y mantener los ingresos comerciales mientras se enjuga la deuda. Así se lo hizo saber Solbes a Teresa Fernández de la Vega hace quince días, en una reunión preparatoria de la intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno ante la Comisión Constitucional del Congreso para explicar el futuro de RTVE.

De hecho ayer, el presidente del Gobierno, anunció en una reunión con el Grupo Socialista en el Congreso que en los Presupuestos Generales de 2006 ya se asumirá una parte de la deuda histórica de RTVE, que a final de año alcanzará los 7.500 millones de euros.

El vicepresidente Solbes advirtió al resto del Ejecutivo que la nueva regulación de la televisión pública debe buscar una solución que garantice la viabilidad futura de RTVE y, la propuesta de los sabios no lo hace. A juicio del equipo económico no se puede abogar por suprimir la publicidad, y por tanto, una buena parte de los ingresos del Ente, si a la vez no se ha puesto en marcha un plan que recorte los gastos y garantice la reducción gradual de los números rojos de la cadena estatal.

Desde el Ministerio de Economía se ha insistido a la vicepresidenta primera en que el Estado no va a aumentar su aportación económica sin tener antes un modelo o un plan de viabilidad que garantice la rentabilidad futura del Grupo estatal de comunicación. «No se puede convertir a la televisión pública en un saco sin fondo, y eso es lo que ocurriría si se aumentan las subvenciones sin poner en marcha medidas para mejorar la gestión», se asegura desde el Departamento económico.

Una vez descartada la privatización de RTVE, que hubiera obligado al Estado a asumir y poner encima de la mesa los más de 7.500 millones de la deuda, con el consiguiente perjuicio para el déficit público del año en cuestión, la alternativa adoptada ahora es que el Estado asuma el pago de los intereses de la deuda.

Sin impacto en las cuentas públicas
En principio, esta medida no tendría impacto en el conjunto de las cuentas públicas, ya que se trataría de un simple apunte contable. La deuda de RTVE, que ahora se incluye en la rúbrica de «Organismos autónomos», pasaría a incluirse en el apartado «Estado». Pero para la entidad supondría un alivio, ya que el pago de los intereses de esta deuda, 229,6 millones el año pasado, no computaría como déficit de la televisión, sino del Estado y de esta forma se eliminaría un tercio de las actuales pérdidas que cada año arroja Radiotelevisión Española.

Estas son las premisas con las que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega elaborará el proyecto de ley de reforma de la televisión pública, que el Ejecutivo pretende tener ultimado antes del verano y al que ayer dio un espaldarazo el propio presidente Zapatero

ABC